PP y Vox en Extremadura aprueban los Presupuestos para 2026

El Partido Popular y Vox han conseguido la aprobación de los presupuestos generales de Extremadura para 2026, alcanzando la mayoría necesaria con los 40 votos que suman ambos partidos dentro de la Asamblea de 65 escaños. La votación se produjo tras una sesión plenaria de más de trece horas, durante la cual se examinaron cerca de 700 enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Los socios del Ejecutivo, que ostentan la mayoría, rechazaron aproximadamente 600 propuestas impulsadas por la oposición, compuesta por el PSOE y Unidas por Extremadura.

El acuerdo de gobernabilidad firmado en abril entre PP y Vox estableció que la ultraderecha apoyaría los cuatro presupuestos de la legislatura a cambio de la asignación de dos consejerías, una con rango de vicepresidencia. La necesidad de este pacto quedó patente tras las elecciones anticipadas de diciembre, convocadas por la presidenta María Guardiola al no lograr un consenso con Vox para aprobar el presupuesto anterior. El nuevo marco financiero asciende a 8.854 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,3 % respecto al ejercicio anterior, y es el de mayor magnitud en la historia de la comunidad.

En torno a dos tercios del total, unos 6.000 millones de euros, se destinan a los sectores de sanidad, educación y servicios sociales. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia recibe 500 millones de euros adicionales, mientras que la partida educativa se incrementa en 170 millones. Entre las medidas sociales, la ayuda a la natalidad pasa de 1 a 2,1 millones de euros y el Plan Regional de Vivienda 2026‑2029 cuenta con una inversión de 110 millones. En materia fiscal, el proyecto contempla una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF autonómico, con el objetivo de aliviar la carga de los contribuyentes de rentas bajas y medias, y prevé la devolución de 43 millones mediante deducciones y reducciones.

Algunas áreas vinculadas a la agenda de Vox experimentan recortes: la cooperación internacional extremeña se reduce de 11 a 2,7 millones de euros y las subvenciones a sindicatos y patronales se cortan a la mitad. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, calificó la aprobación como uno de los días más relevantes para la región, subrayando que los recursos permitirán reforzar los servicios públicos, consolidar la política de rebajas fiscales y apoyar a familias, autónomos y empresas.

Desde la oposición, el PSOE describió el presupuesto como “nace muerto”, argumentando que su vigencia será de apenas dos meses y que responde más a un ejercicio contable que a una ley presupuestaria. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, criticaron la falta de diálogo y acusaron al Gobierno de gobernar únicamente con su mayoría, señalando además un clima de insultos y descalificaciones durante el debate. Estas reacciones reflejan la profunda polarización política que rodea la gestión financiera de la comunidad.