Detenido el exministro de Hidrocarburos de Bolivia por la distribución de gasolina adulterada

La policía de Bolivia detuvo este martes a Mauricio Medinaceli, quien fuera ministro de Hidrocarburos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, bajo la acusación de ser uno de los principales responsables de la distribución de gasolina adulterada que habría causado averías en al menos 66 000 vehículos. La orden de aprehensión la emitió la Fiscalía tras recibir los resultados de una investigación llevada a cabo por una comisión de la Asamblea Nacional que se había encargado de esclarecer el caso. Medinaceli fue trasladado, esposado y escoltado al Ministerio Público, donde deberá decidir si declara o se acoge al silencio; la audiencia de medidas cautelares está programada para el miércoles siguiente.

El informe de la comisión también señala a Alejandro Gallardo, predecesor de Medinaceli en la cartera de Hidrocarburos durante el gobierno de Luis Arce (2020‑2025), como responsable, junto a exdirectores de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según los legisladores, la distribución de combustible de baja calidad fue producto de una “cadena de decisiones político‑normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”. La flexibilización de los estándares de calidad en la importación de hidrocarburos habría comenzado en la última fase del mandato de Arce, cuando la escasez de gasolina y diésel obligó al Estado, con finanzas muy limitadas, a eliminar la subvención que luego mantuvo el presidente Rodrigo Paz.

Los cambios normativos aprobados a finales de 2024 y consolidados en enero de 2026 por el gobierno de Paz permitieron acelerar la importación de combustible, pero, según los congresistas, la ANH priorizó el abastecimiento sobre los controles de calidad. Los exámenes de laboratorio fueron suspendidos y sustituidos por resoluciones escritas, lo que impidió detectar la presencia excesiva de goma y manganeso, sustancias que dañaron los motores. El Gobierno afirma haber indemnizado a los propietarios de los vehículos afectados con 20 millones de bolivianos (aproximadamente 1,76 millones de dólares).

Las primeras denuncias surgieron en febrero, cuando sindicatos de conductores denunciaron la existencia de “gasolina basura”. YPFB negó inicialmente cualquier problema, pero la presión social obligó a Medinaceli a reconocer la presencia de residuos nocivos en el combustible. Posteriormente, el presidente Paz presentó una supuesta red de robo y adulteración que consistía en la extracción parcial del combustible de las cisternas para venderlo ilícitamente y rellenar los vacíos con aceite y agua, aunque esas acusaciones no se volvieron a mencionar en acciones legales posteriores. El escándalo alimentó conflictos sociales que se prolongaron casi dos meses, y el acuerdo de pacificación firmado entre el gobierno y las centrales obreras incluye la creación de una mesa técnica de calidad del combustible, cuyo proceso de certificación se utiliza para explicar las largas filas que enfrentan los ciudadanos en las estaciones de servicio de las principales ciudades.