Las mujeres víctimas de violencia doméstica que mataron a sus parejas: "Dijo que nos iba a matar a mí y a mi hijo y después se iba a suicidar"

En Brasil, dos casos de mujeres que mataron a sus parejas después de años de violencia doméstica han vuelto a poner en el centro del debate judicial la figura de la legítima defensa. La primera historia corresponde a Milene Vasconcellos, una ayudante de cocina de 38 años que vivía en Santo André, São Paulo. Tras conocer a Rafael en 2017 y retomar la relación en 2023, la pareja se mudó a principios de 2024. Desde el comienzo, Milene denunció agresiones físicas y psicológicas: el hombre la estranguló, la tiró al sofá, rompió muebles y la amenazó con un cuchillo mientras consumía drogas. A pesar de una primera intervención policial que resultó en la detención de Rafael por intento de feminicidio y la solicitud de una Medida Protectora de Urgencia (MPU) bajo la Ley María da Penha, la víctima decidió suspender la medida y volver a convivir con él. Un mes después de su liberación, Milene le propinó un golpe mortal en la cocina, alegando que actuó para defenderse de una amenaza inminente.

El segundo caso, ocurrido en 2008 en Nova Iguaçu, involucra a Úrsula Ricardo Francisco, ahora trabajadora social de 55 años. Casada con un policía militar, la mujer había sido víctima de violencia constante durante una década. Cuando escuchó a su marido amenazarla diciendo que mataría a ella y a su hijo antes de suicidarse, tomó una pistola y le disparó en la cabeza. Úrsula sostuvo que su acción fue una respuesta de defensa ante una amenaza clara y que, sin saber disparar, habría muerto. Tras casi diez años de espera, la justicia la absuelve, reconociendo la legítima defensa.

Ambos procesos ponen de relieve la complejidad de probar la legítima defensa en casos de violencia de género. Según la fiscal Chimelly Marcon, el artículo 25 del Código Penal brasileño permite excluir la ilicitud cuando la reacción es proporcional a una agresión injusta, actual o inminente. Sin embargo, la valoración depende de la calidad de la defensa legal, la investigación policial y de los prejuicios de género presentes en el juicio. En situaciones de violencia doméstica, la amenaza no siempre es puntual, sino un “estado permanente de riesgo” que dificulta la identificación de un momento exacto de defensa.

Los relatos también evidencian fallas en la aplicación de la Ley María da Penha. A pesar de la existencia de la MPU, la víctima de Milene optó por revocarla bajo la presión del ciclo de violencia, que combina agresión, arrepentimiento y control emocional. La advertencia de un comisario, que preveía que la relación terminaría en muerte, no fue suficiente para impedir el desenlace trágico. En el caso de Úrsula, la capacitación en el uso de armas que recibió de su marido resultó decisiva para su supervivencia, subrayando la paradoja de que la violencia institucionalizada también alimenta la capacidad de defensa de las víctimas.

En conjunto, estos episodios ilustran cómo el sistema judicial brasileño sigue enfrentando desafíos para equilibrar la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y la valoración adecuada de la legítima defensa. La necesidad de una investigación exhaustiva, de una asistencia jurídica especializada y de la erradicación de estereotipos machistas se vuelve cada vez más evidente para garantizar que las víctimas no sean penalizadas por actos de autodefensa en contextos de riesgo continuo.