La inseguridad alimentaria baja en Venezuela, pero ya alcanza a la clase media

El estudio realizado por la consultora Consultores 21 indica que el 56 % de los hogares venezolanos vive alguna forma de inseguridad alimentaria, es decir, no tienen certeza de contar con la comida necesaria para la cena, el día siguiente o la semana. Este indicador representa una mejora respecto a mayo de 2025, cuando la cifra alcanzaba el 67 %, y también es inferior a los valores registrados en 2024 y 2019. Sin embargo, la mayoría de las familias sigue en una situación de déficit que apenas les permite subsistir.

El problema afecta a todos los estratos sociales. En los sectores más pobres, que representan cerca del 60 % de la población, la inseguridad alimentaria llega al 60 %. En la clase media y media‑popular, que agrupa al 30 % restante, el porcentaje asciende al 47 %. Geográficamente, las regiones de Guayana, Oriente, Centro‑Occidente y los Llanos son las más golpeadas. Sólo el 27 % de los hogares reporta una seguridad alimentaria “muy alta”, según la encuesta.

El informe se dio a conocer mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participaba en un foro de la FAO en Roma, donde presentó el plan “Venezuela Alimenta”. En esa intervención la mandataria recordó el reconocimiento que la FAO otorgó a Venezuela en 2013 por haber reducido a la mitad el hambre antes de 2015, y afirmó que el país está cerca de volver a alcanzar la meta de “hambre cero”. El discurso oficial atribuye la caída de la seguridad alimentaria a las sanciones internacionales y destaca los avances del nuevo programa.

En el plano económico, el ingreso medio mensual de los hogares pasó de 357 dólares en 2025 a 435 dólares en 2026, lo que supone un aumento del 22 %. No obstante, la consultora estima que una familia necesita alrededor de 900 dólares al mes para cubrir todas sus necesidades, de modo que el ingreso medio apenas cubre la mitad. La pérdida de poder adquisitivo se evidencia al comparar la remuneración actual con la del salario mínimo de 2012, que equivalía a 476 dólares al tipo oficial. Además, el estudio señala la reducción progresiva de las bolsas del programa CLAP: de tres de cada diez familias que recibían una bolsa mensual en 2019‑2024, hoy solo el 6 % la recibe y el 52 % afirma no recibirla nunca.

El documento también menciona la política de control de precios implementada entre 2015 y 2018, la cual buscó frenar el desabastecimiento culpando al sector privado mientras el Estado enfrentaba problemas de corrupción. En ese contexto surgieron acusaciones internacionales contra el empresario Alex Saab por presuntos sobornos relacionados con los contratos de alimentos de los CLAP. Finalmente, se recuerda que la seguridad alimentaria fue una prioridad para Hugo Chávez, quien impulsó la creación de reservas estatales y fortaleció la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) como parte de su proyecto de garantizar el acceso a la comida para la población.