México gana una batalla a Vulcan: indemnizará a la minera con unos 15 millones de dólares, menos del 1% de la reclamación

La controversia entre México y la empresa estadounidense Vulcan Materials, que se originó en 2017 por la extracción de piedra caliza en una zona de 2 000 hectáreas cercana a Playa del Carmen, ha concluido con una decisión del tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El fallo, publicado el lunes, obliga al Estado mexicano a pagar a la minera una indemnización de aproximadamente 15 millones de dólares, lo que representa menos del 1 % de los 1 500 millones de dólares que Vulcan había demandado tras el cierre de sus operaciones.

El organismo arbitral desestimó la mayor parte de las pretensiones de la compañía, aceptando únicamente una reclamación vinculada al cese de una mina en 2018. En su comunicado, Vulcan reconoció que el tribunal determinó que México infringió disposiciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), pero calificó la compensación como “insignificante” y no reveló la cifra exacta que se le asignó. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la mina permanecerá cerrada y que, una vez concluido el período de confidencialidad de 30 días, el Ejecutivo revelará más detalles sobre la resolución y las medidas que adoptará.

El origen del conflicto se remonta a la suspensión de actividades por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2017, al considerar que la extracción superaba los límites autorizados. Ante esta medida, Vulcan presentó una demanda de arbitraje bajo el TLCAN en 2018. Aunque la decisión actual favorece al gobierno mexicano, fuentes vinculadas al proceso indican que aún quedan aspectos pendientes bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), pues hechos como la clausura de la mina, la ocupación del puerto Venado y la declaración de la zona como área natural protegida se produjeron entre 2022 y 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante el sexenio de López Obrador, la relación entre la minera y las autoridades se tensó significativamente. El presidente acusó a Vulcan de provocar graves daños ambientales, entre ellos la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, recursos clave para el turismo caribeño. En 2023, el gobierno mexicano ofreció comprar los terrenos por 8 000 millones de pesos, oferta que la empresa rechazó. Posteriormente, en 2024, el presidente declaró la zona en disputa como área natural protegida, lo que desencadenó una reacción del Congreso de EE. UU., que consideró aprobar una legislación para salvaguardar los activos de sus compañías en el exterior.

Aunque la sentencia del arbitraje constituye una victoria parcial para México, la complejidad del litigio binacional sugiere que la disputa no ha concluido. Ambas partes mantienen la posibilidad de impugnar la resolución y continúan en conversaciones para definir los pasos futuros, mientras se evalúan las implicaciones ambientales y económicas de la clausura permanente de la mina.