Keiko Fujimori inaugura su Gobierno con mano dura en seguridad, obras públicas y ayudas estatales contra la desigualdad

En la sesión inaugural del Congreso, los legisladores opositores abandonaron el hemiciclo portando imágenes en blanco y negro de personas fallecidas en episodios de represión estatal, mientras gritaban consignas de justicia y lanzaban abucheos. Ese gesto de rechazo se produjo justo antes de que Keiko Fujimori, recién juramentada como presidenta de la República, pronunciara su primer discurso, marcando el inicio de un gobierno que enfrenta una profunda polarización social.

Fujimori centró su alocución en la seguridad ciudadana, anunciando que las Fuerzas Armadas asumirán un papel destacado en la lucha contra la delincuencia y que la Policía Nacional recibirá un impulso de respeto institucional. Propuso un programa de modernización tecnológica que incluirá redes de videovigilancia interconectadas y el uso de inteligencia artificial para anticipar delitos, además de reforzar la capacidad de inteligencia para perseguir tanto a criminales comunes como a organizaciones mafiosas nacionales e internacionales vinculadas al secuestro, al narcotráfico y a la minería ilegal. La mandataria insinuó que declarará estados de emergencia en varias ciudades, bajo los cuales los militares ejercerán temporalmente el control del orden público en coordinación con la policía, con el objetivo de restablecer la autoridad estatal.

En materia social, la presidenta señaló la necesidad de reorganizar los programas de asistencia estatal y anunció la reactivación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, creado durante la gestión de su padre, para distribuir alimentos a poblaciones vulnerables, especialmente a escolares. Destacó una meta ambiciosa: reducir a la mitad la desnutrición crónica y la anemia que afectan al 12 % y al 35 % de los niños menores de cinco años, respectivamente, concentrando los esfuerzos en los sectores más necesitados. Asimismo, prometió priorizar la primera infancia como eje de su política de reducción de la pobreza.

En el ámbito de infraestructura, Fujimori reiteró la tradición familiar de apostar por obras públicas. Anunció la finalización de la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación de la red metropolitana a Arequipa, Piura y Trujillo, y la culminación de la Nueva Carretera Central, con la intención de conectar mejor el país y aliviar la congestión vehicular que, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, genera casi 200 horas de pérdida anual a los habitantes de Lima y Callao. Sin embargo, no detalló los mecanismos de financiamiento ni los plazos de ejecución, pese a que el equipo de la excandidata Marisol Pérez Tello estimó que el conjunto de obras podría costar alrededor de 76 900 millones de soles, equivalentes al 7 % del PIB.

El discurso evitó abordar dos temas críticos de la campaña: las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y la propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analistas políticos interpretan esa omisión como una estrategia deliberada para desplazar la discusión hacia la seguridad, la economía y la gestión pública, áreas en las que el nuevo Ejecutivo busca consolidar su base de apoyo mientras el país sigue dividido entre quienes temen un retorno al fujimorismo y quienes esperan cambios estructurales.