Florida realiza su primera doble ejecución en más de 60 años

Florida llevó a cabo este martes dos ejecuciones en la prisión estatal de Starke, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de Jacksonville. Se trata de la primera vez que el estado realiza dos fusilamientos en un mismo día desde 1964, y la segunda ejecución del día se produjo apenas seis horas después de la primera.

Los condenados fueron James Duckett, de 68 años, y Dominick Occhicone, de 80 años, este último el preso de mayor edad ejecutado en Florida desde la reinstauración de la pena capital en 1976. Duckett fue sentenciado por el asesinato de la niña de 11 años Teresa McAbee en 1987; su ejecución había sido suspendida en marzo mientras el Tribunal Supremo del estado revisaba pruebas de ADN que, según la defensa, podrían demostrar su inocencia, pero el recurso fue rechazado y la pena se reprogramó para el 14 de julio. Occhicone, por su parte, fue condenado por los homicidios de los padres de su expareja en 1986; el jurado había recomendado la muerte con siete votos a favor y cinco en contra, margen que hoy no bastaría bajo la normativa vigente. Ambos presentaron recursos legales, el de Occhicone centrado en su avanzada edad y en el método de inyección letal.

Con 12 ejecuciones en lo que va del año, Florida supera a cualquier otro estado y supera a Texas, que lleva a cabo cuatro. El año pasado el estado ejecutó a 19 personas, casi la mitad del total nacional de 47. Este ritmo se produce en un contexto político donde el gobernador Ron DeSantis ha fijado fechas de ejecución con una periodicidad de aproximadamente dos semanas, mientras que a nivel federal la administración de Joe Biden ha conmutado la mayoría de las penas de muerte, y el expresidente Donald Trump ha impulsado a los fiscales estatales a buscar nuevas condenas capitales. En 2023 la legislatura estatal, dominada por republicanos, aprobó una reforma que permite que un jurado recomiende la pena de muerte sin unanimidad, con solo ocho de los doce votos, el umbral más bajo del país, similar únicamente a Alabama, que exige al menos diez votos.

Organizaciones de derechos humanos y grupos antiejecución han denunciado lo que consideran un ritmo “descontrolado e innecesario”. Abraham Bonowitz, de Death Penalty Action, señaló que ambos casos contaron con jurados divididos y que, bajo la normativa actual, ninguno de los dos habría sido ejecutado. Los activistas también critican la falta de transparencia del proceso y el uso de un paralizante en la inyección, que podría enmascarar señales de dolor y dificultar la detección de sufrimiento.

El debate se intensifica al recordarse casos de posibles errores judiciales, como la liberación reciente de Jimmie “Chris” Duncan, quien pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte en Luisiana antes de que su condena fuera anulada por nuevas pruebas y la retractación de un testigo. Estas situaciones refuerzan la preocupación de que la aceleración de las ejecuciones aumente el riesgo de ejecutar a personas inocentes.