Una guardia ciudadana para proteger a trabajadores migrantes de la represión policial en Argentina

En la concurrida esquina de Flores, un barrio comercial de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de siete personas se mantiene vigilante con celulares, mate y chipás. Son miembros de La Guardia Jurídica, una coalición formada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizaciones sociales y vecinos que, tras conocer los operativos policiales contra vendedores ambulantes y la violencia que estos provocan a los migrantes, decidieron crear una red de cuidado vecinal. Su misión es proteger a los trabajadores informales de posibles abusos y documentar cualquier incidente.

Un día, cuatro vendedores senegaleses—C, M, K y L—se acercaron a la guardia con mochilas llenas de ropa que pretendían vender. Al notar la presencia de la Guardia, uno de ellos advirtió que “parece que va a haber un operativo de migración”. Inmediatamente, un grupo de casi quince funcionarios del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene, la Dirección Nacional de Migraciones y policías se reunió a su alrededor. Entre los presentes también había civiles que, al ver que la guardia los grababa, se pusieron chalecos de la Policía de la Ciudad. El representante de Espacios Públicos les recordó que la venta estaba prohibida y que, de encontrarse alguna señal, confiscaban la mercancía y los detenían. Los migrantes, mayormente sin hablar español, permanecieron en silencio mientras la guardia registraba el encuentro y tranquilizaba a los vendedores. Tras verificar que los cuatro poseían los documentos en regla, se les permitió retirarse. La policía los siguió a pocas cuadras, grabando y ordenando “enfocar la cara”. No se realizó ninguna venta ni se tomó mercancía.

Para los migrantes la presencia de la guardia marca la diferencia. Uno de ellos comentó que, cuando están solos, la policía se vuelve más agresiva y las situaciones se vuelven violentas. Con la guardia, sienten que “nos tratan mejor”. Este sentimiento de seguridad se ha convertido en un motivo clave para la existencia de la red.

R, militante del MTE que prefirió el anonimato, explicó que la guardia nació en 2025, cuando, mientras impartía clases de alfabetización a migrantes senegaleses, escuchó relatos de operativos irregulares: mercadería confiscada sin notas, golpes y insultos. Al intentar denunciar, los expedientes se archivaban por falta de pruebas. Con la falta de respuesta, la comunidad decidió estar presente y documentar los hechos para evitar abusos futuros.

El contexto político agrava la situación. En 2025, el gobernador Jorge Macri lanzó un plan de “orden y limpieza” que, según datos oficiales, desalojó a 5.000 vendedores en Flores, citando la Ley de Marcas que prohíbe la venta de mercancía no registrada. Paralelamente, el gobierno nacional, bajo Javier Milei, promulgó decretos que endurecen la política migratoria, habilitando deportaciones exprés y dificultando la regularización. La Dirección Nacional de Migraciones ha llevado a cabo alrededor de 10.000 operativos en todo el país