La Fiscalía de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales

La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019. La acusación se basa en la supuesta instigación de las protestas sociales de mayo y junio de este año, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según la investigación, Morales habría incitado actos que se califican como terrorismo o alzamiento armado contra el Estado, entre los seis delitos que se le imputan. Las manifestaciones, que se extendieron durante 53 días, dejaron 22 fallecidos y generaron una grave paralización de la actividad económica y del tránsito en la capital.

La medida judicial se suma a otra orden de detención pendiente desde octubre de 2024, relacionada con la falta de comparecencia de Morales a un proceso por presunto abuso de una menor. La autoridad policial aún no ha ejecutado esa orden. Morales, que se encuentra refugiado en la zona del Chapare, en la región tropical de Cochabamba, describió la persecución como un “desvío de atención” frente a la crisis económica que atraviesa Bolivia. En sus publicaciones en la red X, el exmandatario afirmó que su posición sigue alineada con los sectores que sufren el ajuste, la escasez de combustible, el aumento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico, y aseguró que no será intimidado.

Desde el Chapare, Morales cuenta con el apoyo de campesinos cocaleros que, según el informe, se encuentran armados con lanzas improvisadas y escudos hechos con latas de basura. En los últimos meses, el exlíder habría instado a sus seguidores a unirse a las movilizaciones iniciadas por los indígenas aimaras de La Paz y los sindicatos obreros. Estas organizaciones sociales demandaban una mayor participación en la toma de decisiones del Gobierno y mantuvieron un asedio a la capital durante casi dos meses, lo que provocó pérdidas económicas significativas y la intransitabilidad de la ciudad.

El Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, la urbe más productiva y conservadora del país, presentó una demanda contra Morales por los daños económicos ocasionados por las protestas. Posteriormente, el Ministerio de Gobierno se sumó a la acción judicial. La ofensiva legal del Comité Cívico también incluye a otros dirigentes de los movimientos sociales implicados en los disturbios, como el jefe aimara Vicente Salazar, detenido preventivamente desde el 6 de julio, y al máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. La posible detención de Argollo resulta delicada para el gobierno, ya que él fue el principal negociador del acuerdo de pacificación firmado con el presidente Paz, el cual garantizaba el fuero sindical y la no persecución judicial de los miembros de la central.