Rosario Murillo completa el control total de la justicia en Nicaragua tras purgar a la presidenta de la Corte Suprema, leal a Ortega

La renuncia de Alba Luz Ramos, quien había ocupado la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 16 años y formaba parte del tribunal por 38, marca el cierre de una serie de cambios iniciados por la copresidenta del país, Rosario Murillo, en octubre de 2023. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aceptó el 27 de agosto la dimisión de Ramos, quien alegó problemas de salud y anunció su jubilación. En la práctica, la magistrada había sido apartada del ejercicio de sus funciones desde hace casi tres años, permaneciendo en la titularidad de forma simbólica y confinada a su domicilio.

El proceso de reconfiguración del Poder Judicial se inició con la intervención policial de la sede de la CSJ el 24 de octubre 2023, cuando efectivos dirigidos por el comisionado general retirado Horacio Rocha desalojaron a Ramos de su despacho y la enviaron a su residencia. Desde entonces, la magistrada dejó de participar en actos oficiales. Según fuentes judiciales, el presidente Daniel Ortega impidió que Murillo ordenara su encarcelamiento, pese a la relación tensa entre ambos. El abogado Juan Diego Barberena interpreta la salida de Ramos como la culminación de la “intervención total” de Murillo sobre la justicia, señalando que ya no se trata de un primer control del poder judicial, sino de un recambio de lealtades entre sus operadores.

Durante 2023 y 2024 se despidieron más de mil funcionarios del sector judicial, incluidos administrativos, jueces y colaboradores de magistrados anteriores. La reorganización fue coordinada, según fuentes, por Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista y cercano a Murillo, aunque no ostentaba un cargo dentro del Poder Judicial. Paralelamente, se aprobaron reformas legales: una enmienda constitucional entre finales de 2024 y enero de 2025 redujo de 16 a 10 el número de magistrados del alto tribunal, y en marzo de 2025 una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial redefinió su estructura interna.

A partir de noviembre de 2025 se intensificó la salida de magistrados, con nueve renuncias que se justificaron mayormente por “motivos de salud” o jubilación, entre ellos Yadira Centeno, Ellen Joy Lewin y Virgilio Gurdián. Algunas de esas dimisiones fueron solicitadas directamente por el Ejecutivo copresidencial. El 26 de noviembre de 2025 la Asamblea eligió a cinco nuevos magistrados, destacando a Ana Julia Guido, exfiscal general y presidenta de la Sala Constitucional, quien se perfila como la sucesora de Ramos. Dos días antes de la aceptación formal de la renuncia, Guido ya había sido presentada como “Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia”.

Con la salida definitiva de Ramos, la CSJ queda bajo el control de magistrados nombrados por Murillo, consolidando así el dominio del copresidente sobre la rama judicial. Este escenario refuerza la percepción de falta de independencia del sistema judicial nicaragüense y su alineación con la lealtad política al gobierno de Ortega‑Murillo, lo que podría afectar la credibilidad de las decisiones judiciales y la percepción internacional del Estado de derecho en el país.