Un grupo de migrantes se amotina en la estación migratoria de Tapachula

Un grupo de migrantes que habían sido deportados de Estados Unidos a México bajo la administración anterior se rebeló en la madrugada del domingo en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, a escasos kilómetros de la frontera guatemalteca. La mayoría de los manifestantes eran cubanos y venezolanos que denunciaron haber sido mantenidos en aislamiento y en condiciones adversas desde su llegada al país, lo que los llevó a exigir su salida del centro. La protesta escaló cuando algunos intentaron incendiar una de las colchonetas destinadas al descanso, lo que obligó a la rápida intervención de fuerzas policiales, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

Alrededor de treinta patrullas de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar, generando una atmósfera de tensión entre los residentes de la zona que temían una mayor violencia. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que dos de los migrantes venezolanos involucrados, identificados como Henderson Chopite y David Caballero, fueron trasladados a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para ser procesados por los disturbios y comenzar el procedimiento de deportación a sus países de origen. El organismo también precisó que, pese a los rumores sobre una posible muerte dentro del centro, no se registraron heridos entre migrantes, personal del centro ni agentes de seguridad.

La estación Siglo XXI, la mayor de América Latina, ha sido escenario de varios motines y fugas en los últimos años. El último episodio de gran magnitud se remonta al 6 de junio de 2022, cuando migrantes venezolanos tomaron el control del recinto para exigir su liberación. La reciente revuelta reaviva el debate sobre la seguridad y el trato en los centros de detención migratoria en México, a la luz de incidentes anteriores como el incendio que dejó al menos 40 fallecidos en Ciudad Juárez en marzo de 2023.

Activistas de derechos humanos, entre ellos Luis García Villagrán, señalaron que los migrantes deportados por EE. UU. son retenidos en México durante periodos que pueden superar los diez días, pese a que la normativa establece su liberación inmediata. Además, denunciaron prácticas de extorsión, como la exigencia de pagos a familiares en Cuba y la imposición de abogados vinculados a la delegación de migración en Chiapas, lo que describen como una forma de tortura mental y física. Según el director del Centro de Dignificación Humana, la combinación de estas presiones y el maltrato sufrido en EE. UU. habría desencadenado la revuelta.

Desde febrero, organizaciones de la sociedad civil documentan que cientos de migrantes quedan abandonados en Tapachula, apodada “ciudad cárcel”, tras ser expulsados de EE. UU. por infracciones menores. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) habría generado demoras y obstáculos para los solicitantes de asilo, y muchos son rechazados al llegar al proceso de refugio, al ser catalogados como apátridas por supuestas violaciones a la legislación estadounidense. La falta de oportunidades laborales y el rechazo social agravan la vulnerabilidad de personas que, tras décadas de vida en EE. UU., se encuentran ahora en una situación de incertidumbre y xenofobia en territorio mexicano.