Un juez da un revés al Gobierno de Trump por imponer salarios de hambre a campesinos con visado temporal

Un juez federal de California anuló este jueves una norma del Departamento de Trabajo (DOL) que había reducido los salarios de los trabajadores agrícolas con visa H‑2A a siete dólares por hora, el nivel más bajo permitido por la legislación. La medida, que entró en vigor en octubre de 2025, también eliminó la obligación de los empleadores de cubrir íntegramente los costos de alojamiento, lo que, según la propia agencia, habría permitido a las empresas del sector ahorrar cerca de 2.460 millones de dólares anuales en nómina. El magistrado Kirk E. Sherriff consideró que la justificación del Gobierno de Donald Trump para aplicar esos recortes era defectuosa tanto en contenido como en forma, y ordenó al DOL publicar de inmediato las tarifas salariales correctas y notificar a los empleadores sobre posibles pagos retroactivos.

El fallo responde a una demanda presentada en noviembre de 2025 por 18 trabajadores agrícolas, el sindicato United Farm Workers (UFW) y su fundación, con el apoyo de cinco exsecretarios del Trabajo, trece fiscales estatales y los senadores californianos Alex Padilla y Adam Schiff. Los demandantes alegaron que la reducción salarial perjudicaba a los trabajadores locales, quienes ven desplazada su mano de obra por los migrantes bajo el programa H‑2A, que permite a los empleadores contratar a extranjeros cuando no encuentran suficiente personal en el mercado interno. Según los demandantes, los agricultores prefieren a los trabajadores con visa porque pueden mantenerlos confinados en sus propiedades y pagarles menos.

El programa H‑2A, creado en 1986, ha experimentado un crecimiento sostenido: cada año llegan a Estados Unidos más de 380 000 jornaleros extranjeros con esa visa, y su número se ha cuadruplicado en las dos últimas décadas. La mano de obra migrante es fundamental para la producción en regiones como California, Texas, Florida, Washington y Georgia, donde la escasez de trabajadores locales y la naturaleza estacional de la agricultura dificultan la contratación. Sin embargo, la reducción salarial propuesta habría provocado una caída estimada del 9 % en los ingresos totales de los campesinos, equivalentes a una pérdida de hasta 3 000 millones de dólares, según el Economic Policy Institute.

Las organizaciones sindicales celebraron la decisión judicial como una “victoria muy necesaria” para los trabajadores agrícolas, aunque advirtieron que los ataques a los salarios podrían continuar. La presidenta del UFW, Teresa Romero, instó al Gobierno a establecer rápidamente nuevas tarifas salariales que garanticen la protección de los empleos y los ingresos de los trabajadores locales. La directora ejecutiva de la Fundación UFW, Erica Lomeli Corcoran, reiteró la necesidad de que los jornaleros reciban una remuneración justa por su labor. La sentencia, por tanto, restaura los salarios previos a la medida del DOL y obliga a los empleadores a cumplir con las condiciones salariales y de alojamiento que correspondían antes del recorte.