Argentina extradita a un ciudadano turco acusado de liderar una organización mafiosa

El Gobierno de la República Argentina dio luz verde a la entrega a Turquía de Serkan Kurtulus, un ciudadano turco detenido en el país desde junio de 2020. Las autoridades argentinas consideraron procedente la extradición tras una larga cadena de recursos judiciales que culminaron en 2023 con una sentencia de la Corte Suprema, la cual aceptó la medida siempre que Turquía garantizara la integridad física del detenido. La decisión quedó finalmente en manos del Poder Ejecutivo, que esta semana ordenó que la Cancillería coordine el traslado con Interpol.

Kurtulus fue capturado mientras caminaba por el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Ezeiza. La acusación que pesa contra él incluye la dirección de una organización criminal responsable de homicidios, extorsiones, secuestros y tráfico de armas entre 2016 y 2017, hechos que ya estaban registrados en una notificación roja de Interpol. En 2021 la Comisión Nacional para los Refugiados rechazó su solicitud de asilo político; pese a ello, el hombre siguió apelando en todas las instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal del país.

Durante las entrevistas concedidas a la prensa local, Kurtulus sostuvo que su vida corre peligro por la información que posee sobre supuestos nexos entre el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan y el crimen organizado. Asegura haber sido agente del partido oficialista AKP y haber recibido órdenes para asesinar a opositores, entre ellos al pastor evangélico estadounidense Andrew Brunson y al periodista turco Can Dündar, quien actualmente vive en el exilio en Alemania. Dündar, condenado en Turquía por publicar datos sobre el envío de armas a rebeldes sirios, declaró que intenta proteger a Kurtulus pese a la aparente contradicción, pues considera que su testimonio podría esclarecer hechos oscuros de la historia reciente de Turquía.

La extradición se produce en un contexto de crecientes críticas internacionales a la situación de los derechos humanos en Turquía. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian el deterioro de la independencia judicial, la persecución de periodistas, abogados y activistas, y el uso amplio de la legislación antiterrorista para silenciar a críticos del gobierno. Asimismo, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado incumplimientos de sentencias internacionales por parte de Ankara, lo que alimenta la preocupación sobre las garantías judiciales en el país.

Ante la decisión de su envío, Kurtulus anunció una nueva huelga de hambre, medida que ya había empleado en ocasiones anteriores para llamar la atención sobre su caso y intentar retrasar el traslado alegando problemas de salud. Su estrategia se enmarca en una serie de casos recientes en los que Argentina ha gestionado extradiciones controvertidas, como la del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, cuya expulsión a Chile también generó debate sobre la política de asilo y la cooperación judicial del país.