"Querían vender Argentina": 3 claves de la polémica reforma sobre la venta de tierras a extranjeros que el gobierno de Milei se vio obligado a retirar

En medio de una intensa disputa legislativa, el Ejecutivo de Javier Milei anunció la retirada, al menos provisional, de la parte de su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que pretendía modificar la normativa sobre la venta de tierras a extranjeros. La medida se produce justo antes de la votación que el Senado debe realizar este jueves, y responde a la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios para aprobar el capítulo que regulaba la “extranjerización” de la propiedad rural.

El proyecto, presentado en marzo, buscaba, entre otras cosas, acelerar desalojos, limitar la expropiación y reducir la protección de áreas afectadas por incendios. Su tercer capítulo, ahora eliminado, pretendía derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, vigente desde 2011, que establece que los inversores extranjeros no pueden poseer más del 15 % del territorio nacional, provincial o municipal, ni superar las 1 000 hectáreas por propietario en zonas agrícolas de alta productividad. La propuesta del gobierno elevaba ese techo al 25 % y eliminaba restricciones sobre tierras ribereñas, de frontera y estratégicas.

Los defensores del proyecto argumentan que la normativa actual constituye un obstáculo para la inversión directa extranjera y que su supresión permitiría atraer recursos estimados en alrededor de 15 000 millones de dólares, dinamizar el mercado inmobiliario rural y ofrecer mayor certeza jurídica a los propietarios. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la eliminación de la ley de 2011 abriría la puerta a capitales que transformarían áreas productivas del país.

Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte oposición de varios sectores. Gobernadores provinciales, organizaciones sociales, algunos aliados del oficialismo y la oposición calificaron la reforma de favorecedora de grandes capitales extranjeros, advirtiendo posibles impactos negativos en lo social y el medio ambiente. Ante la falta de votos, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suprimir el capítulo III para garantizar la aprobación del resto del proyecto, asegurando que la postergación no equivale a la eliminación definitiva y que se continuará trabajando para alcanzar mayor consenso.

La retirada del texto sobre la venta de tierras a extranjeros deja abierta la discusión sobre la política agraria argentina. Mientras el gobierno mantiene su objetivo de simplificar la regulación y atraer inversiones, deberá negociar con provincias y grupos sociales que demandan mayores garantías de protección del territorio y de los recursos naturales. El futuro de la reforma dependerá de las negociaciones que se inicien tras la votación del Senado y de la capacidad del Ejecutivo para equilibrar intereses económicos con consideraciones sociales y ambientales.