Cómo se compara Keiko con su padre y qué significa que un Fujimori vuelva a gobernar Perú

La toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú marca el regreso al poder de un apellido que sigue dividiendo al país. La derecha logró imponerse este martes en la segunda vuelta electoral con una diferencia mínima frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, después de cuatro balotajes en los últimos quince años. La victoria se dio mientras la candidata reiteraba su intención de “recuperar el orden” y aplicar una política de seguridad de “mano dura” contra la delincuencia, una prioridad que, según ella, hereda de la “sangre de Alberto Fujimori”.

Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, es recordado por haber estabilizado la economía y derrotado a los grupos insurgentes de izquierda, pero también por una serie de abusos que culminaron en su condena por violaciones de derechos humanos y corrupción. Durante su mandato disolvió el Congreso y tomó el control del Poder Judicial en el autogolpe de 1992, demostrando cómo un mandatario electo podía erosionar la democracia sin recurrir a un golpe de Estado tradicional. Fue el primer expresidente latinoamericano elegido democráticamente en ser sentenciado por crímenes contra la humanidad, tras la masacre de 25 personas cometida por una unidad militar al inicio de su gobierno.

Keiko Fujimori, de 51 años, llega a la Casa de Gobierno con una larga trayectoria política. Fue primera dama a los 19 años, estudió administración en Estados Unidos y entró al Congreso en 2006 con la mayor votación de la historia. En 2010 fundó Fuerza Popular, el partido que la llevó a la presidencia después de haber competido en 2011, 2016 y 2021. A lo largo de su carrera intentó distanciarse del autoritarismo de su padre, negando la posibilidad de un nuevo autogolpe y prometiendo una postura “implacable” contra la corrupción y los crímenes militares que lo condenaron.

A pesar de esas declaraciones, organizaciones de derechos humanos anunciaron protestas al inicio de su gobierno y el Congreso aprobó una ley que trasladará a policías y militares a tribunales castrenses, limitando la posibilidad de ser juzgados por la justicia civil. Expertos señalan que, aunque el contexto actual difiere del de la década de los noventa, persisten temores de un autoritarismo latente y de posibles violaciones a normas y a la lucha contra la corrupción. La académica Cynthia McClintock advierte que, si bien es poco probable que se repitan los atropellos masivos del pasado, la concentración de poder y la retórica de “orden” generan inquietud.

En conjunto, la elección de Keiko Fujimori representa un punto de inflexión para la política peruana. Su campaña se apoyó en la nostalgia de los logros económicos y de seguridad atribuidos a su padre, mientras intentaba presentar una imagen más democrática. La forma en que manejará la relación entre las fuerzas armadas, la justicia y la sociedad civil determinará si el retorno del apellido Fujimori consolidará una nueva etapa de estabilidad o reavivará los debates sobre autoritarismo y derechos humanos que han marcado la historia reciente del país.