La jueza María Lourdes Afiuni, una de las primeras presas políticas del chavismo, recibe la libertad plena

María Lourdes Afiuni, la jueza que se convirtió en símbolo de la persecución política bajo el chavismo, recibió el viernes la notificación oficial de su libertad plena y el cierre definitivo del expediente que la había mantenido bajo proceso judicial durante más de dieciséis años. La decisión llega a sus 63 años de edad, mientras enfrenta un delicado estado de salud que incluye tres nuevas lesiones cancerígenas detectadas recientemente. La familia, que había pedido la eliminación del arresto domiciliario para permitirle recibir tratamiento, confirmó la resolución a través de redes sociales, indicando que la jueza y su madre se encuentran internadas en una clínica.

El caso de Afiuni se originó en diciembre de 2009, cuando fue detenida por funcionarios de inteligencia tras haber otorgado la libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, quien había sido mantenido en prisión preventiva durante más de dos años por presunta corrupción en el control de divisas y por sus vínculos con la oposición. El entonces presidente Hugo Chávez, en una intervención televisiva, la calificó de “bandida” y ordenó una pena máxima de treinta años. Posteriormente, la jueza fue juzgada por un delito inexistente, condenada a una pena superior a la que le correspondía y sufrió torturas, violaciones y la imposición de un aborto forzado mientras estaba recluida en la cárcel de mujeres de Los Teques. En 2019 fue sentenciada a cinco años por “corrupción espiritual”, una figura jurídica que no implica beneficio económico.

La liberación de Afiuni se produce en el marco de las negociaciones iniciadas entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición representada por la Asamblea Nacional de 2015, proceso impulsado desde Washington y que busca sentar las bases para una transición democrática. Aunque la jueza había sido excluida de la ley de amnistía aprobada por Rodríguez a principios de año, organismos internacionales y defensores de derechos humanos habían demandado su puesta en libertad durante varios años. La familia expresó su satisfacción por el fin de lo que describen como un “largo y doloroso capítulo” y pidió que este cierre sirva de punto de partida para una reflexión sobre la necesidad de restablecer la independencia del poder judicial en Venezuela.

El anuncio también coincidió con un aumento de la visibilidad de la causa de los presos políticos, cuyo número se estima entre 400 y 500 según organizaciones no gubernamentales. Manifestaciones recientes en la Cancillería de Caracas exigieron la entrada de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja para inspeccionar las prisiones, donde familiares de detenidos han establecido campamentos desde enero. Los organizadores demandan que el gobierno adopte una postura clara respecto a las recomendaciones internacionales, argumentando que el nuevo escenario político debe traducirse en acciones concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar la repetición de casos como el de Afiuni.