Ni la ley ni un fallo judicial bastan: Milei se resiste a cumplir con el financiamiento universitario

Hace casi 300 días el Congreso aprobó una norma que pretendía restituir al sistema universitario los recursos que habían sido recortados por la gestión de Javier Milei. El presidente vetó la ley y, pese a que la Cámara baja rechazó el veto, intentó eliminarla mediante la ley de presupuesto de 2026; esa propuesta también fue rechazada por los legisladores electos en las recientes elecciones de medio término. Ante la negativa ejecutiva, la justicia emitió una medida cautelar que obligaba al Estado a iniciar los pagos de los aumentos salariales y de las becas contemplados en la norma, decisión que Milei apeló hasta la Corte Suprema, la cual confirmó la orden en junio pasado.

A pesar de la resolución judicial, el Ejecutivo no ha efectuado los desembolsos exigidos, lo que motivó una movilización nacional el miércoles. Profesores, investigadores, autoridades y personal de universidades públicas realizaron paros y concentraciones en las principales ciudades, bajo lemas que defendían la ciencia y la educación públicas. En la capital, la protesta se concentró alrededor del Obelisco, donde los manifestantes desplegaron pancartas con consignas contra el desmantelamiento de la investigación y la falta de inversión.

Los participantes denunciaron una drástica reducción de los recursos destinados a la investigación y a la enseñanza superior. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, la inversión pública en ciencia y tecnología cayó un 45,7 % en el último año, pasando del 0,298 % al 0,153 % del PIB, mientras que el presupuesto universitario se redujo en un 24,4 % en el mismo período. Profesores como Aníbal Lodeiro, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad de La Plata, describieron la situación como la peor crisis para la ciencia que han vivido, señalando además un desprecio institucional hacia el trabajo crítico e independiente.

El gobierno de Milei calificó la medida como “política” e “ilegítima”, y el Ministerio de Capital Humano afirmó estar cumpliendo con sus obligaciones, indicando que los aumentos salariales acordados se están abonando según los montos y plazos establecidos. Sin embargo, dirigentes sindicales, entre ellos Daniel Ricci de Fedun, sostienen que sólo se ha pagado el 24,4 % de los salarios acordados y que, tras la firmeza del fallo judicial, corresponde abonar la totalidad de lo dispuesto por la ley.

La protesta también incluyó a investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que alertaron sobre la escasez de insumos y la fuga de talento hacia el sector privado. En conjunto, la jornada de huelga de 24 horas en numerosas universidades buscó presionar al Ejecutivo para que respete la normativa aprobada y garantice los recursos necesarios para la continuidad de la educación superior y la investigación en Argentina.