Los codictadores en su laberinto

En los últimos veinte años Nicaragua ha sido objeto de estudio para los analistas de la política autoritaria surgida a partir de gobiernos electos democráticamente. El régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha consolidado un control absoluto sobre los poderes del Estado, incorporando al Ejército y a la Policía como instrumentos de represión y estableciendo una estructura familiar que busca perpetuar el poder mediante la sucesión dinástica. Desde su primera reelección en 2011, la Constitución ha sido modificada para permitir la reelección indefinida y prolongar los mandatos de los altos mandos militares, de modo que el jefe del Ejército acumula ya más de una década y media en el cargo.

El proceso de consolidación del poder se ha acompañado de una serie de medidas represivas. Entre abril y junio de 2018, durante una ola de protestas ciudadanas, se registró la masacre más sangrienta en tiempos de paz en el país, con alrededor de 350 muertos y más de 3 000 detenciones arbitrarias. Los manifestantes que exigían elecciones libres fueron acusados de intentar un golpe de Estado, mientras se instauró un estado policial que persiste. Posteriormente, el gobierno introdujo leyes que penalizan la supuesta traición a la patria, la actividad de agentes extranjeros y la difusión de información falsa; estas normas se aplicaron de forma retroactiva, en juicios secretos y sin garantías procesales.

A partir de 2013, la reforma constitucional consagró la reelección ilimitada y la extensión de los mandatos militares. En 2025 se aprobó una nueva reforma que incorporó las leyes represivas al texto constitucional, eliminó varios poderes del Estado y creó la figura de la “copresidencia”, oficializando la sucesión de Rosario Murillo. Ese mismo año, Ortega anunció que no se realizarán más elecciones democráticas y ordenó al Parlamento incluir esa prohibición en una reforma que será votada en septiembre y ratificada a principios de 2027. Mientras tanto, la “copresidenta” y el presidente de la Asamblea Nacional intentaron calmar las críticas diciendo que sí habrá elecciones “soberanas”, aunque sin competencia real, como ocurrió en 2021.

La postergación de los comicios, inicialmente previstas para 2026, ha sido extendida sucesivamente hasta 2028 mediante la ampliación del periodo de gobierno a siete años renovables. Esta maniobra refleja la incapacidad del régimen para eliminar por completo a la oposición, que sigue presente en cárceles y en la esfera pública pese a la persecución y tortura. La falta de una auto‑inculpación de los presos políticos evidencia una derrota moral del gobierno, que no ha logrado silenciar a estudiantes, campesinos, exguerrilleros, empresarios, religiosos e intelectuales.

El futuro del régimen depende de la lealtad de la cúpula militar, de los comisionados de la Policía y de los altos funcionarios civiles que manejan la economía. La prolongación del poder de Ortega y Murillo pone en riesgo la legitimidad de las instituciones y recuerda el colapso del gobierno de Anastasio Somoza en 1979. Algunos analistas sugieren que la declaración de un partido único, tras casi dos décadas de impunidad, podría ser una estrategia deliberada para atraer la atención internacional y reforzar el control interno, aunque el texto no ofrece detalles adicionales al respecto.