Los líderes indígenas que salvaron la presidencia de Arévalo en Guatemala seguirán sus procesos por “terrorismo” en prisión domiciliar

Los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, un colectivo del occidente guatemalteco, han obtenido una medida sustitutiva que les permite cumplir sus procesos judiciales bajo arresto domiciliario después de pasar un año y tres meses en prisión preventiva. La decisión judicial fue tomada por el magistrado Mynor Moto, quien impuso, además del confinamiento en sus hogares, la prohibición de contactar a testigos, la obligación de pagar una caución económica de 160 000 quetzales (aproximadamente 21 mil dólares) y otras restricciones. Con esta medida, ambos activistas regresarán a sus viviendas mientras continúan los procedimientos por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

Las acusaciones se originan en la participación de Pacheco y Chaclán en las masivas manifestaciones de 2023, en las que defendieron el resultado de las elecciones que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Las protestas fueron catalogadas por la Fiscalía como actos que amenazaban la seguridad del Estado, pese a que organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, los declararon presos de conciencia en mayo, argumentando que su detención se basó únicamente en el ejercicio pacífico de derechos y que el proceso judicial ha presentado demoras e irregularidades.

Durante la audiencia, los líderes expresaron su agradecimiento a la comunidad guatemalteca y a las distintas expresiones religiosas que los han apoyado con oraciones, al tiempo que señalaron la carga que representa la elevada caución económica. El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, criticó la medida, considerándola una apariencia de benevolencia que, en la práctica, impone una carga desproporcionada a personas que ya han cumplido más de un año en prisión preventiva.

El caso, que consta de ocho carpetas de investigación, incluye una amplia recopilación de pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que se encuentran 160 elementos como escuchas telefónicas, capturas de pantalla de medios de comunicación y supuestas páginas de desinformación en redes sociales. El abogado de la defensa, Juan Castro, del Bufete de Pueblos Indígenas, describió este conjunto de evidencias como la “prueba total del Ministerio Público”. Además, el expediente contiene fotografías de los acusados tomadas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

La liberación bajo arresto domiciliario se produce tres meses después de la salida de la exfiscal general Consuelo Porras, quien había sido señalada por su política de persecución y criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales críticos. La medida permite a Pacheco y Chaclán retomar sus actividades en sus comunidades, aunque continúan enfrentando un proceso judicial que, según sus representantes, sigue presentando obstáculos y una carga económica considerable.